El 5 de octubre de 2016 se denunció ante la Comisión Nacional de Valores que desde septiembre de 1997, la Caja de Valores S.A. con el propósito de pagar a los acreedores del Estado menos de lo que disponían las sentencias judiciales dictadas a su favor, ha multiplicado ilegalmente esas decisiones por un coeficiente inferior a la unidad y pagado el resultado, de esta manera reducido, a quien fuera el triunfador. Se ignora quién se ha quedado con los bonos propiedad del Estado Nacional que no fueron entregados a sus acreedores. Esta denuncia se publicó en el Informador Público del 7 de octubre de 2016.

En el año transcurrido desde aquella presentación la Comisión Nacional de Valores no solo ha rechazado informar al diputado nacional Eduardo Conesa el 17 de Febrero de 2017 sobre la información pertinente solicitada por aquel, relativa al no pago al periodista Roberto Di Sandro y a otros de parte de lo adeudada so color que era secreta, sino que la terminante prueba de la impresionante estafa perpetrada por la Caja de Valores S.A. consistente en expedientes judiciales con valor probatorio que no admiten duda alguna, no ha sido agregada a la supuesta investigación.

CÓMO SE COMETIÓ LA ESTAFA

El Ministerio de Economía enviaba planillas a la Caja de Valores S.A. con el nombre de los beneficiarios de los juicios y los montos en bonos y en cupones que les debía entregar, pero en lugar de poner a disposición de aquellos la cantidad indicada, les pagaba el fruto de la operación matemática indicada más arriba. Vamos a dar un ejemplo: A José Pérez le debían 10.000 bonos que se debían pagar con el valor residual que tuvieren en el momento del pago. Supongamos que ese valor residual fuera el 75%. La Caja de Valores S.A. multiplicaba ilegalmente los 10.000 bonos por 75 % y le entregaba a José Pérez 7.500 bonos con un valor residual del 75%. Del ejemplo resulta que José Pérez recibía en lugar de 10.000 bonos con un valor residual de 75%, solamente 7500 bonos con un valor residual del 75%. Le birlaron a Pérez 2500 bonos con valor residual 75%. Esta estafa la realizó la Caja de Valores S.A. desde septiembre de 1997 a diciembre de 2015. No sabemos si con el advenimiento de las nuevas autoridades, cesó esta operatoria pero lo más probable es que haya continuado. Tampoco se sabe a dónde fueron a parar los bonos públicos que no se entregaron a sus legítimos destinatarios.

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES IGNORA SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES

La actuación ilícita de la Caja de Valores S.A. fue denunciada ante la Comisión Nacional de Valores el 5 de Octubre de 2016, denuncia a la cual se le asignó el expediente 018989. Para la Comisión Nacional de Valores el expediente en cuestión en donde se debía averiguar que hizo la Caja de Valores S.A. con bonos públicos que le entregara el Estado para cancelar deudas avaladas por sentencias judiciales, CON DECENAS DE MILES DE VÍCTIMAS, tiene que ser mantenido en secreto aunque quién le solicite información sea un diputado nacional sobre el destino de los bonos públicos involucrados. Cualquiera que haya leído un manual de instrucción pública para alumnos del secundario sabe que UNA DE LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES MÁS TERMINANTES QUE TIENE UN DIPUTADO NACIONAL ES CONTROLAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS DEL ESTADO. LA COMISIÓN DE VALORES HA IMPEDIDO QUE ESTA OBLIGACIÓN DEL PARLAMENTARIO MENCIONADO SEA CUMPLIDA. Afortunadamente como la prueba decisiva obra en expedientes judiciales, ha sido muy fácil saber que no ha sido incorporada por la Comisión de Valores pese a haber transcurrido un año entero desde esta denuncia, pese a ser indubitable por emanar de expedientes judiciales, precisamente por su carácter de públicos. Cuando el denunciante advirtió que no se habían tomado las medidas imprescindibles para averiguar la verdad de la denuncia efectuada, presentó otra nota el 18 de abril de 2017 EN LA QUE ENTRE OTRAS COSAS SE SOLICITABA QUE “DISPONGA LA AGREGACION AL EXPEDIENTE DE LAS PRUEBAS OPORTUNAMENTE OFRECIDAS”. Estamos en esa materia igual que el 5 de octubre de 2016:No están las pruebas cuya obtención es sencillísima.

Este hecho contrario a las instituciones de la República perpetrado por la Comisión Nacional de Valores exhibe la pertinencia de esta denuncia periodística por encubrirse una defraudación colosal contra decenas de miles de acreedores del Estado Nacional. Este último también ha sido perjudicado porque sigue siendo deudor de las víctimas.

LOS PORMENORES DE LA ESTAFA

El mecanismo de la estafa era el siguiente: la Secretaría de Hacienda una vez que recibía el requerimiento de pago firmado por el acreedor que había triunfado en el juicio con la sentencia judicial y conformado por el organismo de contralor, establecía cuantos bonos y cuantos cupones debían tener esos bonos, lo que dependía de la fecha de pago. Esos cálculos se basaban en lo dispuesto por la Resolución N° 71/99 del Ministerio de Economía y tanto como sabe el autor, siempre fueron perfectos. Las cifras resultantes eran volcadas a una planilla donde había muchos otros beneficiarios y se la enviaba a la Caja de Valores S.A. para su pago, planilla que estaba firmada por altos funcionarios de Hacienda quiénes en el parecer del suscripto, no tenían la más mínima idea de lo que iba a ocurrir después de su firma. Este último hecho se consigna sin desmedro alguno de la inocultable participación del Ministerio de Economía en esta gigantesca estafa de lo que nos ocuparemos más abajo.

En algún momento después de recibida la planilla y casi con certeza en la Caja Nacional de Valores S.A. “una mano” multiplicaba ilegalmente la cantidad que había sido indicada por Hacienda por el “valor residual” que surgía de las propias planillas (y que era siempre inferior a la unidad) y asentaba en la propia planilla la cantidad resultante que era, como mostramos en el ejemplo de Pérez, inferior a la que debía pagarse. ¿Cómo se supo todo esto? Al lector le va a costar creer lo que sigue pero lo cierto es que la Caja de Valores S.A. en los juicios que conocemos y que intervenía, acompañaban fotocopia de las planillas aludidas, con “mano” y todo. Como esas planillas están adjuntadas a un expediente judicial se trata de instrumentos públicos que hacen fe. Son indiscutibles. Una vez realizada la multiplicación aludida la Caja de Valores S.A. ingresaba en sus libros, la cantidad indicada por la “mano” que figuraba en las planillas, como “crédito en cuenta”. En suma y para fijar el concepto de en que consistía la estafa, debemos recalcar que la cantidad que surgía de las planillas emanadas del Estado Nacional, a favor de los acreedores del Estado, era reducida por la Caja de Valores S.A. mediante una operación ilegal. El resultado se asentaba en los libros de la Caja y se entregaba a los actores. El lector, seguramente querría preguntar al autor de este relato ¿Me podría decir quién se quedó con el dinero del Estado? Seguramente también seguramente dirá el inteligente lector: Si no les dieron a los acreedores los bonos que el Estado le entregó a la Caja para que los pusiera a disposición de los acreedores, es evidente que alguien se los quedó.

El autor de este artículo ignora quién es ese “alguien” aunque podría pensarse que lo tiene la Caja de Valores S.A. que realizó toda ésta operatoria ilegal pero no puede creerse eso dado que la Caja de Valores S.A. tiene dos grandes propietarios con el 97% de las acciones quienes toman las decisiones que ejecuta aquella, de manera que habría que preguntarle a esas firmas que pasó con los bonos. También podría pensarse que se lo quedó el Ministerio de Economía por su completa participación en esta estafa. Otra hipótesis que podría hacerse es que el producido de la defraudación fue “privatizado” y se encuentra en poder de ignotas manos por lo menos para el denunciante.

PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN ESTA ESTAFA

Sin perjuicio de la participación que asumió en varios juicios constituyéndose en parte en litigios en que ya intervenía el Estado de manera que su actuación era improcedente, y en la contestación de oficios, es imposible que la Caja de Valores S.A. no haya rendido cuentas al Ministerio de Economía de los bonos públicos que le fueran entregados y los que a su vez puso en manos de los acreedores. La diferencia es cuantiosa. También es imposible que los actos descriptos mas arriba escaparan al conocimiento del Ministerio de Economía sobre todo cuando intervenía en asuntos en donde estas cuestiones se debatían.

No menos es imposible que no se hubiera enterado de lo que acontecía con los acreedores del Estado luego de la profusa publicidad que se les dio en la prensa oral, televisada y escrita en todos estos años desde que nos percatamos de lo que ocurrió. En la denuncia que se efectuó en la Comisión de Valores S.A. el 5 de octubre de 2016 contra la Caja de Valores S.A., se enunciaron por lo menos siete publicaciones que efectuamos desde 2011 hasta 2015 sobre el tema en órganos conocidos. En 2016 publicamos en el Informador Público el 14/11/2016 un artículo titulado: “EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y LA CAJA DE VALORES S.A. se han unido para defraudar a los acreedores del Estado pagándoles menos bonos públicos de lo que les correspondían”. Este artículo en donde se exhibía con absoluta claridad la participación de esta sociedad ilícita en la defraudación de los acreedores del Estado, si no hubiera contenido la absoluta verdad, habría merecido una furibunda réplica de las entidades mencionadas. Su silencio las condena… aunque fuera una mera repetición de silencios anteriores. Es interesante señalar que el caso judicial mencionado en él, es uno de los ofrecidos como prueba y que nunca se lo adquirió para la denuncia administrativa. Esta actitud de la Comisión Nacional de Valores la comprendemos perfectamente porque la pericia contable en que se basó la sentencia de 1era. Instancia para condenar al Estado, LA TUVO QUE CONFECCIONAR LA PROPIA MAGISTRADO A CARGO. Antes de que la propia señora Juez se hiciera cargo de esa tarea, había realizado otra pericia el cuerpo de Peritos de la Corte Suprema. Fueron tales las mentiras que vertió que motivaron otro artículo también aparecido en el Informador Público de fecha 1ero. de abril de 2014 titulado: “EL CUERPO DE PERITOS CONTADORES DE LA CORTE SUPREMA MIENTE PARA OCULTAR UNA ESTAFA COLOSAL”. En ese trabajo se describe cuidadosamente la instigación del delito por el Ministerio de Economía que no pudo hacerse de otra manera que mediante instrucciones “reservadas”.

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ESTA TRATANDO QUE LOS DELITOS COMETIDOS NO SALGAN A LA LUZ

Todos los hechos reseñados en estas carillas fueron prolijamente vertidos en la denuncia del 5 de octubre de 2016 y en otros escritos posteriores presentados el 19 de octubre, el 7 de noviembre, el 21 de Noviembre, el 30 de noviembre, el 12 de diciembre en que se ofrecieron pruebas adicionales, el 1ero. de febrero de 2017 en que se ofreció otra prueba y se añadieron firmas de otras víctimas y se pidió tomar vista de las actuaciones. No se consiguió que se agregara nada al expediente. Dado que lo central de esta denuncia es que no se entregaron bonos públicos pertenecientes al Estado Nacional que debieron ser utilizados para cancelar una deuda pública por una entidad privada que realiza tareas encomendadas por el Estado Nacional, mi parte entendió como lo entendió el diputado Dr. Eduardo Conesa que lo central de este asunto es saber que es lo que pasó con los fondos públicos o sea, en definitiva, quien los tiene. Lo que se pretende averiguar es si la entidad mandataria -Caja de Valores S.A.- cumplió o no cumplió con el mandato de derecho público que había contraído que era pagar los créditos de los acreedores y si no lo hizo, donde están los títulos. Con el criterio de la Comisión de Valores si un diputado nacional quiere ser informado si se pagó o no una obra pública cualquiera, se le puede decir que esa información es secreta y no dársela. Esto es una aberración indigna de un país libre.

Un año después de la denuncia, en lo que concierne a las pruebas ofrecidas por las víctimas no se ha hecho nada: Ni se ha adjuntado a la causa copias de los expedientes judiciales ni se ha producido nada de la prueba ofrecida. No se sabe, siquiera, algo que no puede ser secreto en ningún aspecto, si se le ha corrido traslado de la denuncia a la Caja de Valores S.A. para que diga lo tiene que decir. Salvo el Ministerio de Economía, no hay nadie mencionado en la denuncia que comprende solamente a la Caja de Valores S.A. ESTA SOCIEDAD NO ESTA CUBIERTA POR SECRETO ALGUNO POR UN CASO DE ESTA NATURALEZA EN QUE LO UNICO QUE SE LE PREGUNTA ES SI ENTREGO LOS BONOS DEL ESTADO TAL CUAL ÉSTE DISPUSIERA O QUE HIZO CON ELLOS.

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA ESTAFA

Es curioso pero todo comenzó como un sencillo caso profesional en que se pensó por el reclamante que había una diferencia en el monto de lo que le habían pagado, diferencia que se trataría de un mero error relativamente habitual cuando se trata de liquidaciones. Por de pronto era la una única queja de un abogado entre cientos de colegas que consideraron que todo estaba perfecto. Nunca nadie imaginó el vuelo que tomaría esta cuestión después, debido a la terquedad de la Caja de Valores S.A. y de sus accionistas, que se negaron a pagar lo que era evidente que debían pagar a los disconformes por un pago insuficiente.

Ahora, en lugar de la pequeña diferencia inicial con la parte deudora, se entiende que la Comisión Nacional de Valores POR MEDIO DE SU INACCION QUE FAVORECE A LOS REALES AUTORES DEL ILÍCITO, ESTA ENCUBRIENDO UNA ESTAFA GIGANTESCA EN PERJUICIO DE LOS ACREEDORES DEL ESTADO TANTAS VECES SEÑALADA AMÉN DE LA CLARA VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INTERVINIENTES. Mi parte no puede individualizar a los responsables y es por ese motivo que se abstiene de hacerlo. Esta denuncia no se hizo antes por la desconfianza que inspiraban quiénes conducían a la Comisión Nacional de Valores con anterioridad al 10/12/15. No vamos a ahorrar esfuerzos para que este organismo se transforme en creíble.

Juan José Guaresti (nieto)