Buenos Aires, abril 15 de 2019

Señor Presidente de la República Argentina 

Ing. Mauricio Macri

Presente 

Me dirijo nuevamente al  Señor Presidente, con el respeto debido, porque lamentablemente la denuncia que efectuara en el  expte. EX 2019-11967216-APN-CGD#SGP  el 27 de Febrero de 2019  contra al directorio de la Comisión Nacional de Valores integrado por Marcos Ayerra, Rocío Balestra, Patricia Boedo, Martin Gavito y Carlos Ourbeight cuyo domicilio es el del organismo oficial que integran o sea 25 de Mayo 175, Capital, no ha tenido resultado hasta la fecha. Estos funcionarios de acuerdo a la documentación a la cual se aludía en la denuncia, están encubriendo la colosal defraudación que ha perpetrado la Caja de Valores S.A con domicilio en 25 de mayo 362, Capital en perjuicio miles  de acreedores del estado,  desde setiembre de 1997 por lo  menos al 10  de diciembre de 2015, en connivencia con el Ministerio de Economía, de relevante participación en los hechos ilícitos que se relataron en la denuncia. Se trata de un tema de notable gravedad económica e institucional que debió ser investigado y resuelto  de inmediato por la Comisión Nacional de Valores porque se trata de un asunto de máxima importancia, como acabamos de señalar. La denuncia contra la Caja de Valores S.A. y su cómplice el Ministerio de Economía se presentó ante la Comisión el día 5 de Octubre de 2016, ofreciendo en el escrito inicial y en trabajos posteriores, pruebas  rotundas de los hechos denunciados y de la autoría de los mismos.

Nada hizo la Comisión Nacional  de Valores  desde el 5 de   Octubre de 2016  al 27 de  Febrero de 2019 y no tenemos noticias que haya hecho algo después de ese  día para investigar si las imputaciones que hizo  mi parte, eran veraces y las pruebas  existían  y demostraban los  hechos afirmados. Está claro que luego de dos años  y medio de rehusar llevar a cabo la investigación debida y  aplicar la sanción administrativa impetrada, la Comisión Nacional de Valores esta incursa,  en  graves faltas civiles y penales.

SE SOLICITA AL PODER  EJECUTIVO  QUE SE  REMUEVA AL  DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 10 DE LA LEY 26.831.

Este artículo en su parte pertinente dice así: “ Podrán ser removidos  antes del término de sus mandatos por  el Poder Ejecutivo Nacional únicamente por las siguientes causas: a)Comisión de delitos dolosos de cualquier naturaleza en el ejercicio o  en ocasión de sus funciones; b) Mala conducta o negligencia en el cumplimiento de sus funciones  o incumplimientos de las disposiciones contenidas  en la presente ley o de otras que alcanzaran  al funcionario o cuya aplicación le incumbiere por razón de su cargo ; c) inhabilidad sobre viniente para ejercer el cargo.  La decisión de remover al funcionario no será revisable judicialmente, pero el afectado podrá reclamar ante la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal  la reparación delos daños y perjuicios sufridos cuando aquélla se hubiere fundado en  el inciso b) y acreditare que hubiera sido manifiestamente irrazonable. La indemnización en  ningún caso podrá  superar  el importe de los salarios brutos que le hubiera correspondido percibir al funcionario hasta la terminación de su mandato”.

Los  hechos  que sustentarían la remoción fueron prolijamente indicados en la denuncia del 27 de Febrero pasado pero hasta la fecha nada se ha hecho por comprobarlos pese a que esa prueba no exige mayor dificultad,  porque es inexplicable que una denuncia como la presentada el 5  de Octubre  de 2016 no haya sido resuelta dos  años y medio  más  tarde.…  ¿Qué estuvieron haciendo los señores Directores de la Comisión  Nacional de Valores con el expediente de denuncia  que por sí solo   contiene pruebas terminantes? La acusación es precisamente de no haber investigado la denuncia de una multimillonaria estafa perpetrada por la Caja de Valores S.A. y el Ministerio de Economía que mereció ser publicado en el Informador Público del 14 de Noviembre de 2016  ya acompañado ENTRE OTRAS PUBLICACIONES.

LOS MOTIVOS DE LA DENUNCIA: Todo comenzó a partir de setiembre de 1997 hasta por lo menos el 10/12/2015, cuando la Caja de Valores S.A. comenzó a no entregar, a sus legítimos acreedores, una parte de los títulos públicos que ponía a su disposición, por lo menos aparentemente, el Ministerio de Economía para pagar sentencias judiciales dictadas en cientos de pleitos perdidos por el Estado donde  los acreedores tenían  sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada.  

Los fondos que no les pagaron a estos acreedores desde setiembre de 1997 hasta  por lo menos diciembre de 2015 han desaparecido pese  a todas las denuncias periodísticas Y NOTAS ENTREGADAS  a la  Caja de Valores S.A., a la Bolsa de Comercio  de Buenos Aires y al Mercado de Valores de Buenos Aires,  efectuadas por el suscripto  a partir por lo menos desde 2011. Estos hechos ilícitos que tienen miles de perjudicados han sido encubiertos como  dijimos más arriba por la Comisión Nacional de Valores a quien se los denuncio el  5 de octubre  de 2016. Este organismo estaba obligado actuar con  total presteza  pero no lo hizo hasta el momento, pese a todas las notas que se le enviaron, para esclarecer la situación y castigar a los culpables. Como nada hizo, se ignora cuál es el destino que ha tenido la parte de  los títulos no pagados. Durante más de dos años la Comisión Nacional de Valores  no ha exigido a la Caja de Valores S.A. la información necesaria para realizar su investigación.

La  Comisión Nacional de Valores perfectamente conocedora de la situación y en especial de las causas en donde no fueron pagados los acreedores, no ha hecho nada para investigar lo denunciado pese a que se le indico circunstanciadamente los expedientes judiciales en donde se hallaban  pruebas que avalaban las denuncias. Vamos a reiterar los mismos, aunque hay muchos otros que indicaríamos si se lo considerara necesario.

a) González, Jorge y otros c/Producciones Argentinas de Televisión S.A.  Expte.nro.53.298/88 Juzgado Nacional del Trabajo Nro.3, b) Albano, Carlos Alberto y otros c/Dicon Difusión Contemporánea. S.A s/diferencia de salarios Expte. nro.9914/88 Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 33, c) Carril, Juan Manuel y otros c/Producciones Argentinas de Televisión S.A. s/cobro de salarios Expte. nro. 16697/84 Juzgado Nacional del Trabajo Nro.21, d) Nicora, Héctor Raúl y otros c/Producciones Argentinas de Televisión S.A. s/cobro de salarios Expte. Nro. 167/90 Juzgado Nacional del Trabajo Nro.11, e) Gómez, Ramón  Antonio y otros c/Argentina Televisora Color L.S.82 canal7 (A.T.C.) s/diferencia de salarios Expte. Nro.34015/89  Juzgado Nacional del Trabajo Nro.10,  f) “Arancibia, Elena Myriam y otros c/Dicon Difusión Contemporánea S.A. Expte. nro. 37799/86 Juzgado Nacional del Trabajo Nro.10,  Con posterioridad a la denuncia del 5 de Octubre de 2016, el 19 octubre de 2016 se presentó en la Comisión Nacional de  Valores S.A.  un escrito ampliando la prueba con el expediente “Lozano, Javier Pablo y otros c/ Jefatura de Gabinete de Ministros s/otros reclamos” Expediente nro.26667/05, Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 43. El 7de noviembre de 2016 se presentó otra  nota ampliatoria del caso “Carril” ya mencionado, que tuvo el mérito de ser el “leading case” donde se descubrió la estafa conjunta “Ministerio de Economía-Caja de Valores S.A.

b) El 21 de noviembre de 2016  se presentó otra nota solicitando se le diera pronto despacho a la denuncia y acompañando un artículo del Informador Público titulado: “El Ministerio de Economía y la Caja de Valores SA. se han unido para defraudar a los acreedores del estado pagándole menos bonos públicos que los que les correspondían”  El silencio ensordecedor de la Comisión Nacional de Valores llegó a su punto máximo ante el artículo publicado en el Informador Público el 2/10/17 por el suscripto cuyo título directamente la condena: “LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ESTÁ ENCUBRIENDO UNA DEFRAUDACIÓN  GIGANTESCA”. Esta nota que  explicaba lo ocurrido no fue respondida ni negadas sus afirmaciones  por los denunciados, lo que es una prueba incontrastable de su  culpabilidad. EL ARTÍCULO FUE PRESENTADO ACOMPAÑADO DE UNA NOTA DEL SUSCRIPTO EN LA  MESA DE ENTRADAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, PARA QUE COMPRENDIERAN SUS DESTINATARIOS, LA DETERMINACIÓN  QUE  SE TENÍA  DE LLEVAR HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS LA DENUNCIA EFECTUADA.  

SUGERENCIA AL PODER EJECUTIVO:

Se debería hacer una   investigación administrativa llevada con la celeridad y cuidado  del caso, atento el  tiempo  que se ha perdido, por un equipo experimentado de juristas que estuvieran en condiciones de intervenir en  una situación de la importancia moral y económica de la presente que mínimamente escuchara a los denunciados, garantizando su defensa.  Desde luego se deberían  examinar las pruebas ofrecidas tanto judiciales  como periodísticas e interrogar concienzudamente al autor de la denuncia para ESTABLECER “de visu” la seriedad de su proceder y la confianza que pudiera inspirar su denuncia.

Con estos elementos de conocimiento esa comisión  podría aconsejar al Poder Ejecutivo en un corto término-no más de un mes-  la decisión a adoptar.  Esta última, desde luego es responsabilidad del Poder  Ejecutivo de acuerdo  al artículo  10 de la ley 26.831.

INCOMPETENCIA DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN  DE LA NACIÓN.

Días pasados concurrió el suscripto a la Oficina anticorrupción de la NACIÓN DONDE ESTA EL EXPEDIENTE CON LA DENUNCIA. MI PARTE ENTIENDE QUE ESTE ES UN CASO QUE EXCLUSIVAMENTE LO PUEDE MANEJAR Y RESOLVER EL PODER  EJECUTIVO NACIONAL  Y NO LA oficina anticorrupción de la nación. Los denunciados no están acusados de corrupción. además la decisión en  esta materia por la propia índole debe ser tomada muy rápidamente.  según se nos dijera en la oficina anticorrupción decidir si ellos son competentes o no demoraría un mes.  ESTE ASUNTO NO PUEDE PADECER LOS MEANDROS Y LOS OBSTÁCULOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS y debe volver a manos del poder Ejecutivo., urgentemente lo que se pide en forma muy especial.

SE ACOMPAÑAN COPIAS  DE SENDAS PUBLICACIONES SOBRE EL TEMA .

SALUDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA con toda consideración.