Es realmente inadmisible que en una República como la nuestra, que nació para la libertad en el pensamiento y acción de sus Padres Fundadores, no estén funcionando en este momento dos de sus tres Poderes. El pasado 20 de marzo la Corte Suprema dictó una “acordada” por la cual adhirió a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo ese mismo día; esto quiere decir que el Poder Judicial de la Nación prácticamente dejó de actuar, a no ser por casos excepcionales en materia penal, disposiciones por la pandemia o cuestiones en las que se vea afectado el orden público —cuestiones que no especifica—.

En lo que concierne al tema institucional en juego, es decir, el hecho de que el Poder Judicial es un gobernante al igual que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo —tan esencial para las libertades argentinas y el desenvolvimiento de las actividades de la población como los otros dos—, la importancia institucional del primero de ellos no fue debatida ni contemplada en las decisiones tomadas por la Corte Suprema. Para nuestro Alto Tribunal, los agentes de policía, los empleados de los supermercados y los vinculados a la producción agrícola, y los demás exceptuados de cumplir la cuarentena sanitaria están obligados a arriesgarse a contraer el coronavirus, pero no así los integrantes del Poder Judicial.

No podemos dejar de mencionar que la Corte Suprema bajó a 60 años la edad de riesgo, esto significa que si un integrante del Poder Judicial tiene 70 o más años y se encuentra en perfectas condiciones físicas e intelectuales —muchos lo están— y con el corazón hirviendo de amor por la patria —muchos así lo sienten—, no puede ir a cumplir con su deber aunque quiera hacerlo debido a la decisión tomada por la Corte Suprema, que ha extralimitado sus atribuciones constitucionales. Sus integrantes no pueden detener el funcionamiento de un Poder del gobierno que tiene la obligación de controlar al Poder Ejecutivo. Para muchos de nosotros, los pilotos argentinos que volaron a “pelo de agua” y se lanzaron contra los cañones de la flota inglesa eran valientes, devotos de su deber y sabían el inmenso riesgo que corrían, al igual que los muchachos que enfrentaron en tierra mal vestidos, mal alimentados y con escasa instrucción militar a uno de los cuerpos de infantería mejor entrenados del mundo. Pero lo hicieron. Si ensayamos un paralelismo, el coronavirus no tiene punto de comparación con el peligro que aquellos muchachos enfrentaron. En consecuencia, debe quedar sin efecto el cierre virtual del Poder Judicial de la Nación. Si se integra un Poder del gobierno con el honor y las ventajas que ello entraña, se deben arrostrar sus contratiempos que no son, porcentualmente hablando, de prohibitiva magnitud.

Algo similar ocurre con el Congreso Nacional. Días después de haberse advertido ya las acechanzas del morbo que se cierne sobre la salud argentina, los Presidentes de las Cámaras todavía no se han declarado en sesión permanente para tratar el tema, en especial luego de que el 20 de marzo se declarara la cuarentena por el Poder Ejecutivo mediante lo que se llama, coloquialmente, un “decretazo”. Si el tema ya hubiera estado instalado en el Parlamento, esta orden presidencial no hubiera contenido algunos errores graves como la clausura del sistema bancario, que lesionó gravemente la actividad  mercantil y el normal desenvolvimiento de la población. Hasta donde sabemos, ningún país con ciertos niveles de desarrollo ha cerrado sus bancos. Nosotros tenemos este dudoso honor. Si el Parlamento hubiera estado sesionando, seguramente la Corte Suprema no hubiera privado virtualmente a la población de tener Justicia. Hoy en día, los Presidentes de ambas Cámaras no han llamado a sesión con la urgencia que el caso amerita para debatir lo ocurrido y evaluar las medidas a tomar, como es su obligación, y examinar las consecuencias para traerán al país en el futuro inmediato; es decir, evaluar si el remedio —paralizar al país con una cuarentena— no es peor que la enfermedad.

El Poder Ejecutivo ha impedido el ejercicio de derechos constitucionales como trabajar y ganarse la vida, transitar, entrar y salir del domicilio, entre otros, por consejos médicos que no han evaluado las consecuencias inexorables de detener la producción de todo un país. Es hora de que intervenga el Congreso, porque esa clase de decisiones no son unánimes en el mundo civilizado: en el diario Clarín del lunes 6 de marzo se observa una foto de Copacabana —tradicional barrio de Río de Janeiro— con muchas personas paseando. Lo mismo ocurre en el diario La Nación, donde aparece una foto que muestra a multitud paseando en bicicleta por las calles de Londres pese a que su Primer Ministro está en terapia intensiva debido al coronavirus. En Estados Unidos ya hay cinco millones de desocupados y quizás muchos de ellos pierdan la vida. Israel decretó la cuarentena —distinta a la nuestra— luego de constatar que tenía 100.000 millones de dólares de reserva para poder mantener a los desocupados.  

No solamente por el coronavirus debe reunirse el Parlamento

También está en cuarentena la designación del Defensor del Pueblo creado por el Artículo 86 de la Constitución Nacional, un elemento fundamental para defender los derechos constitucionales de los habitantes de este suelo. Es tal la inoperancia y la irresponsabilidad de nuestro Poder Legislativo que ese cargo permanece vacante desde la renuncia de Eduardo Mondino el día 28 de diciembre de 2008. Esta gravísima falta cumple ya once años, lo que significa que durante este prolongado período no ha habido dónde denunciar los atropellos que pudiera cometer la Administración Pública contra el pueblo. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, órgano extra poder creado por el Artículo 120 de la Constitución Nacional y que abrió un sendero de esperanza para quienes creían imprescindible un órgano independiente que pudiera intervenir en los juicios en defensa de la legalidad, en conflictos en los que se ven afectados los intereses colectivos, amenazadas o vulneradas las garantías constitucionales, en el debido proceso legal, y en el acceso a la justicia. Este importantísimo organismo tampoco tiene titular, también está en cuarentena desde la renuncia Alejandra Gils Carbó a fines de 2017.

El trabajo y la eficiente organización del estado son la mejor terapia

En este artículo hemos tratado los temas institucionales porque si no funcionan bien los tres poderes del gobierno y las instituciones que los complementan, como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, es muy difícil que la República pueda sobrellevar exitosamente las consecuencias económicas y la pérdida de vidas originada por el  coronavirus. Tenemos la certeza de que los males aquí denunciados se van a corregir, y esa seguridad nos la da, en muy alto grado, una libertad de prensa como pocas veces se ha visto en la República. Al conjuro de esta posibilidad de expresarse en contra y a favor del gobierno sin cortapisa alguna, todo puede mejorarse, nada va a empeorar porque se diga la verdad.

Quien suscribe no está en condiciones de discutir con ningún médico si la terapia aconsejada de una cuarentena indiscriminada —que consiste en que toda la población se quede en su casa— sirve o no para cortar la expansión de este virus. Lo que sí está en condiciones de afirmar, con la historia económica en la mano, es que la detención de la economía va a originar en nuestro país, y en muchos otros, más muertes que las ocasionadas por el virus: habrá más suicidios, más enfermos imposibles de curar con los medios existentes, más pobreza —con su secuela de desnutrición y muerte—, más desocupación; no en vano el coronavirus se lleva a los débiles. Trataremos el tema, supuestamente económico, en una próxima entrega.

Este círculo vicioso en el que hemos entrado a raíz del coronavirus se cura con trabajo, reflexión, serenidad ante el peligro, mejores funcionarios, organizaciones administrativas eficientes, honestidad a toda prueba y, de vez en cuando, una oración para que el Altísimo se acuerde de nosotros.