¿Cómo se explica  la Argentina a sí misma que sea un país que contrae deudas sabiendo  que no las va a pagar a su vencimiento porque no adopta cuando  contrae el préstamo las medidas  necesarias para pagarlo? ¿Cómo se puede perdonar a sí misma  sabiendo que la naturaleza le brindó riquezas inagotables, el hecho  de ser  una deudora morosa serial,  en lugar de explotar aquellas? ¿Cómo puede ignorar que hay países pequeños  que tienen  deudas mucho mayores que las nuestras, que las pagan puntualmente y por ello gozan  de crédito y no tienen que pagar intereses confiscatorios como nosotros lo hacemos, que elevan los  precios internos y esparcen enfermedad y pobreza?  Estos  decisivos interrogantes  no se los hace- como debiera  hacérselos- la clase política del lado que fuere, que al parecer tampoco se ha enterado que nuestro despótico gobierno dio  un golpe brutal a  las libertades argentinas, cuando el 20 de marzo de 2020 clausuró al Poder Judicial, dejando al pueblo sin Justicia. Los magistrados  judiciales no pueden aceptar tamaño agravio a su investidura, a la República y al pueblo de la nación y deben  liderar por sí mismos el recupero del ejercicio de sus cargos y con ello las libertades argentinas. 

Origen del ataque al Poder  Judicial:     

El tremendo ataque al Poder Judicial de la Nación  no es casual: Forma parte de un plan para debilitar nuestras instituciones, impedir que se sancionen las corrupciones pasadas  y se devuelvan al pueblo argentino los cuantiosos  fondos que le pertenecen  y que han enriquecido ilícitamente a  quienes las perpetraron.

El ataque al Poder Judicial comenzó el 20 de Marzo de 2020; con  la excusa del  “corona virus” se clausuró sustancialmente al Poder Judicial mediante un decreto de necesidad y urgencia y se invitó a las  Provincias a hacer lo propio. Cualquiera sabe  que a ninguno  de los tres Poderes establecidos en la Constitución le  puede ser impedido su funcionamiento por ninguno de los otros dos porque deben  gobernar los  tres y tienen  la obligación de controlarse entre sí. El Poder ejecutivo mediante un decreto se sacó de  encima el áureo lazo que lo constreñía a  obedecer a la Constitución y servir  al pueblo y no a sus circunstanciales pasiones. La Corte Suprema de Justicia lamentablemente lo convalidó . Un año más más tarde se sigue mostrando a la faz del mundo este pésimo ejemplo y todo sigue igual con el agravante que ningún país civilizado, empezando con los limítrofes,  continuando con las tres naciones de América del Norte y  las europeas,  quitaron a sus pueblos el  derecho a tener Justicia. Somos  únicos en recibir  semejante oprobio, que no puede continuar.

Nada puede  impedir que un Magistrado judicial cumpla con  su deber de administrar  justicia sin pedir  permiso a nadie. Un Juez es un gobernante que no obedece a otra norma que a la Carta Magna. Ni el Poder Legislativo  ni el Ejecutivo ni ambos al unísono, pueden quitarle ni suspender las atribuciones propias de su investidura. Así lo entendió la Sra. Juez Dra.Rosalía Romero, titular del Juzgado Nacional del  Trabajo 45, quien  sigue  trabajando como si tal cosa en los dos juzgados que tiene a cargo aunque haciendo  un gran esfuerzo por la carencia  de personal suficiente. Este ejemplo de contracción al trabajo y cumplimiento del deber  y apego a la  Constitución  Nacional  debería seguirse por todos los Magistrados. Nadie que trabaje en un juzgado corre riesgos superiores a los que afronta  la cajera de un  supermercado con sus ocho horas de trabajo quién  atiende más  personas desconocidas que las que ingresa a un Tribunal en una jornada de seis horas. Mejor no hablemos de los peligros que afronta un  agente de policía.

Los Magistrados judiciales  integran  el gobierno de la Nación. Cada sentencia es un acto de  política-en el más alto significado  de esta palabra-que informa a las partes en el juicio y a toda la sociedad que es lo que está bien y lo que está mal.   Cuando un Magistrado emite  una decisión  está  gobernando tanto como lo hace  un Ministro, un  Diputado o  un Senador. Nada ni  nadie puede detener su acción. Quiénes cerraron los Tribunales so color de una epidemia o sea el Poder Ejecutivo  y el Parlamento, aprobaron el ejercicio de facultades extraordinarias por el primero,  lo que está prohibido por la Constitución Nacional. Ni en la paz ni  en la  guerrapuede negarse  a  alguien la  justicia que requiere. 

La división de los tres poderes del gobierno en Ejecutivo,Legislativo y Judicial  según la cumbre del  pensamiento constitucional del siglo XVIII que fue Charles de Secondat, barón de Montesquieu (1848) fue llevada en  1803 a su notable cima en lo que concierne al Poder Judicial  cuando en el fallo  “Marbury  vs. Madison”, la Corte Suprema Norteamericana decidió  que los jueces podían negar la aplicación, en una  causa, de leyes del Poder Legislativo o Decretos del Poder  Ejecutivo  o normas emanadas  de los estados cuando violaran la  Constitución Nacional, de la cual eran los últimos y finales  intérpretes. Ese principio que integra la Constitución Nacional  y nadie puede derogar exhibe la importancia como gobernante de nuestro Poder Judicial.

Los Jueces  argentinos deben decidir por sí mismos si el humillante decreto del 20  de Marzo de 2020 debe ser obedecido o rechazado. Los Magistrados judiciales deben  resolver si  son subordinados del Poder Ejecutivo o   del  Poder Legislativo  o de la Corte Suprema, o, en  cambio,  gobernantes de un país libre, que es tal cosa porque tiene una justicia independiente decidida a hacer respetar su investidura,  su hombría de bien y su sentido del deber, en los cuales descansa la vigencia de la Constitución Nacional que ampara a los habitantes de este suelo.

Está claro que quitarles a los Jueces la facultad de hacer justicia, es el comienzo  de un camino que termina en su  despido. Se quiere demostrar a la población que no hacen falta, que si un decreto basta para que abandonen su encumbrado sitial sin que lo  defiendan como corresponde, con otro decreto, se los despide. A partir de ese momento, los argentinos no seremos más ciudadanos sino siervos de quienes están haciendo trizas la República. Para esta pluma  los Magistrados Judiciales deben volver a sus despachos y liderar, de esta manera, a  recuperación  institucional del país, lo que originará un espectacular crecimiento de su economía.

Por Juan José Guaresti (nieto)