El 19 de marzo de 2020 un “decretazo” prohibió a la población salir de su casa aunque la razón fuera ir a trabajar, con algunas excepciones que parecen doblemente arbitrarias si se contempla a quienes fueron incluidos y excluidos. El motivo de esa decisión era combatir la Covid-19 mediante el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, una medida que, en un principio, iba a extenderse sólo once días. La población aceptó gustosamente esta cuarentena pese a que implicaba una suerte de prisión domiciliaria y la supresión de ciertos derechos sustanciales como ser la existencia de Justicia. El decreto suprimió virtualmente el orden jurídico, o lo que es lo mismo, terminó con la esencia de las libertades argentinas y se fue prorrogando hasta la fecha, diciembre de 2020. Esto significa que hemos dejado de ser una República porque no funciona correctamente ninguno de los tres poderes de gobierno. Según el decreto, las medidas establecidas eran imprescindibles, razonables y proporcionadas en relación a la amenaza y el riesgo sanitario que enfrentamos. Ahora bien, al escribir este texto la Argentina es el país civilizado con la cuarentena más larga y ocupa el cuarto lugar en el mundo por muertes por millón de habitantes a raíz del coronavirus.

Este es el resultado de una estrategia suicida: en lugar de rastrear a los infectados para aislarlos y curarlos, como se hizo en Israel y en Corea del Sur, se obligó a la mayoría de la población a recluirse en sus domicilios, como si estos fueran un baluarte capaz de frenar al virus. Este es un virus que anda por todas partes, está en el aire y puede llevarlo a la casa alguno de los repartidores que proveen de suministros esenciales a la persona. La única manera de aislarse efectivamente del coronavirus es vivir en una cápsula sin orificio alguno, algo contraproducente porque por cada día que la persona no convivió con las enfermedades que se hallan en la intemperie, se fueron debilitando sus defensas naturales. Esto quiere decir que los infectólogos no avisaron o no fueron consultados acerca de las consecuencias que tendría el aislamiento social preventivo y obligatorio sobre la salud física y mental de la población. En el marco de la complicada situación económica que atravesaba el país, tampoco se consultó a expertos en Economía para que informaran acerca de las consecuencias de las disposiciones adoptadas o asesoraran al gobierno a la hora de implementar medidas.

Cuando se toman medidas tan drásticas, los estadistas deben contemplar sus consecuencias, lo que les ocurrirá, en este caso, a quienes fueron obligados a encerrarse en sus casas y no tenían permitido salir a trabajar. Desde el gobierno no pueden resolver que una medida como esa no afectará a la población y que la economía quede en segundo plano mientras se prioriza la salud. Los resultados de esa falta de previsión están a la vista: el coronavirus no es la única enfermedad que existe y muchos pacientes que padecen otras condiciones no fueron atendidos. La lista es inmensa y abarca desde un simple dolor de muelas que se transformó en una catástrofe hasta pacientes que necesitaban atención psiquiátrica y no la tuvieron; muchas situaciones familiares y amorosas tuvieron terribles desenlaces y los sentimientos más fundamentales de los seres humanos no fueron respetados. En lugar de defender las libertades, se las ofende sin recato.

Por televisión se oía “Quédese en su casa” sin explicarle a los involucrados lo que debían hacer en su hogar para cuidar su salud y la de los suyos. Desde hace siglos se sabe que “Donde entra el sol no entra el médico”, pero al parecer los infectólogos no le advirtieron al Gobierno —o si lo hicieron y no fueron escuchados— que la vitamina D que aporta el sol es una formidable defensa contra enfermedades infecciosas como el coronavirus. No hay duda de que la carencia de esta vitamina debilita a los seres humanos, obligados a vivir casi como prisioneros durante la cuarentena. Ante esa situación, era imperioso explicar la importancia de tomar todos los días al menos quince o veinte minutos de sol. El coronavirus obedece a la ley de la selva y hace presa a los débiles, sea cual fuere su edad. La exposición responsable al sol cura es beneficiosa en muchos sentidos y ayuda a prevenir enfermedades y curar debilidades, de allí el adagio centenario que hemos recordado. Algo análogo ocurrió con otro aspecto fundamental para cuidar la salud: el ejercicio. No se dijo ni una palabra acerca de la importancia de caminar unas quince o veinte cuadras por día para mantener, o incluso mejorar, el estado físico. Así, cada amanecer es menos fuerte que la víspera y, por ende, más cerca de enfermarse.

La prohibición de salir a trabajar trajo como consecuencia la imposibilidad de ganarse el pan “con el sudor de su frente”, como dice el Génesis. Así, más tarde o más temprano, condenaron a morir de hambre a muchos de los “prisioneros de la cuarentena”, ya que, como se deduce de la frase bíblica, el que no trabaja, no come. ¿Se consultó esto con los infectólogos o con economistas a raíz de las sucesivas prolongaciones de la cuarentena? De haberlo hecho, los respetables economistas que tenemos en la Argentina jamás hubieran aceptado la toma de medidas que agrandaran la ya intolerable desocupación argentina prohibiendole trabajar a unos o cerrando vastos sectores de la Administración Pública que impidieron la labor de otros.

El Congreso Nacional y la cuarentena

Dadas las circunstancias que nos tocó vivir, el Congreso Nacional debió declararse en sesión permanente o, por lo menos, designar una comisión bicameral para seguir día a día lo que acontecía y no permitir que el Poder Ejecutivo manejara la situación a fuerza de decretos.  Hablar de “sesión permanente” implica mencionar la única constitucionalmente posible, es decir, aquella que cuenta con la presencia de los señores legisladores y, desde luego, con la de los infectólogos, cuya reputación y merecido prestigio no están en tela de juicio en estas cuartillas.

Aún estamos a tiempo

Muchos de los errores que se han cometido pueden corregirse, pero hay que empezar ya mismo. No hace falta esperar la vacuna para restablecer el funcionamiento del Poder Judicial, del Congreso Nacional o de los sectores de la Administración Pública cuyos funcionarios cobran sueldos que pagamos todos aunque no estén en funciones.

Sin Justicia no hay patria  ni mucho menos economía eficiente