El Gobierno no ha presentado todavía un plan económico para que tanto el pueblo argentino como sus acreedores sepan el futuro que les espera; y no lo ha hecho porque está claro que no tiene ninguno. Pero tampoco la oposición.

Esta pluma considera que el plan económico ya fue delineado audaz y sabiamente entre 1853 y 1860 junto con la Constitución Nacional y sus modificaciones ulteriores; dicho en términos generales, bastaría con cumplirla. Esto requeriría eliminar disparates institucionales de la reforma de 1994 como la creación del tercer senador y de la Jefatura de Gabinete —ambas originaron gastos enormes e inútiles—, y disponer una reglamentación seria de los decretos de necesidad y urgencia de manera que no sean una invitación a gobernar despóticamente. Lo que se exige, por lo tanto, es un plan basado en hechos concretos para terminar con la desocupación, la inflación y el endeudamiento externo e interno del gobierno. Para que esto  ocurra, son necesarios el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y una condición esencial que aparece en ella: la idoneidad para el puesto de cualquier persona que ejerza un cargo como funcionario público.

La crisis no es económica, es mucho más grave: es institucional

No se puede pensar en un plan económico cuando las que no funcionan son las instituciones creadas para gobernar el país. Ninguna nación en el mundo cerró el Poder Judicial debido al coronavirus, algo que sí hizo la Argentina; todas mantuvieron su Justicia excepto la nuestra, por lo que hemos quedado fuera de la civilización.

En nuestro país, el no funcionamiento del Parlamento llega al extremo de que ni siquiera se ha reunido para discutir la finalización de la cuarentena y verificar el daño que esta le está haciendo a la economía y a la vida de los habitantes. Es increíble que, por ejemplo, los ciudadanos de menor poder adquisitivo no puedan utilizar los servicios públicos de transporte. Y no menos inaceptable es que organismos administrativos importantes estén cerrados o que el sistema bancario no actúe en asuntos imprescindibles. Ni estas ni otras cuestiones fundamentales pueden tratarse de forma virtual, los parlamentarios deben dar la cara y someterse al correspondiente debate delante del público, periodistas y funcionarios autorizados, y hacerse responsables de lo que dicen u omiten.

El decreto 297/2020 dictado el 19 de marzo de 2020 ha dañado brutalmente el sistema institucional argentino, que debe ser reparado cuanto antes, tal y como piden numerosas manifestaciones populares. En ellas, se dejan de lado los partidos políticos, se agitan cientos de banderas argentinas, se canta el himno nacional y se rinde tributo a la Constitución y a la Patria.

Modificaciones institucionales imprescindibles para asegurar la presencia del pueblo en el gobierno de la Nación

Elección de los Diputados

Nuestros diputados no representan al pueblo porque se obliga a los ciudadanos a votar a nombres desconocidos en cada elección, candidatos que aparecen en listas popularmente conocidas como “listas sábana”. Estos representan solamente al Partido que los eligió, no al ciudadano. Así, nadie sabe por quién está votando, a quién le está dando su confianza, algo que ya sabemos cómo ha terminado: diputados votando impuestos confiscatorios, gastos impagables y atribución de ventajas y privilegios que nadie más tiene.

La crisis económica y financiera que padecemos se debe a que estos diputados así elegidos nunca han defendido nuestros intereses. El gasto público astronómico que debemos afrontar se debe a que los diputados no se opusieron a incorporar empleados innecesarios —como los que se están designando ahora—. También han votado por decenas de miles de jubilaciones que no tenían el respaldo de aportes previos: los importes para pagarlas se los quitaron a los jubilados que sí habían hecho aportes. Nadie los defendió.

Debe elegirse un diputado por circunscripción, de manera que el ciudadano sepa perfectamente a quién le está dando su confianza… y a quién se la debe quitar. De esta forma fue elegido en 1904 —gracias a la ley electoral pronunciada por Joaquín V. Gonzáles, Ministro del Interior de Julio A. Roca—, representando a la Boca, uno de los grandes parlamentarios argentinos, Alfredo L. Palacios. La elección correcta de los diputados, por lo tanto, provocaría una reducción del gasto público y del déficit fiscal. La inflación recibiría un golpe fenomenal, habría reducción de impuestos y así podría mejorar el nivel de vida de todos.

El Juicio por Jurados

La Constitución de 1853 estableció que debía instalarse el juicio por jurados. Esto significa que son los representantes del pueblo y no la Judicatura quienes deciden, en cuestiones de hecho, qué parte gana o pierde. Los integrantes de ese Tribunal son elegidos por sorteo y luego se lleva a cabo un procedimiento riguroso para garantizar su imparcialidad. Los Jueces, por lo tanto, sólo resuelven las cuestiones de derecho.

Este sistema fue introducido por los vikingos, guerreros y navegantes notables provenientes de los países escandinavos y que invadieron Inglaterra, Alemania y Francia —entre otros territorios— en el siglo VIII D.C. A finales del siglo XII, el rey Enrique II comenzó a utilizar los servicios de doce personas en cada juicio para ayudar a establecer la verdad de los hechos. Este procedimiento fue el origen del actual juicio por jurados extendido por toda Europa, Estados Unidos, Canadá, México o Australia. En la Argentina solo existe el Juicio por Jurados en la Provincia de Buenos Aires para causas penales —optativo— y en algunas provincias.

Lamentablemente, no contamos con este sistema en la Justicia Nacional ni en la Federal, algo que garantizaría la imparcialidad de los juicios en esos estrados, ya que los jurados son elegidos por única vez y están fuera de influencias políticas o situaciones que puedan desviar su criterio. Sin duda alguna, tener una justicia creíble tiene un considerable valor económico del que nos estamos privando.

Plan económico

El desarrollo de un país está estrechamente ligado al funcionamiento correcto de los tres poderes de gobierno. Los políticos de hoy no están cuidando ese funcionamiento, por lo que nuestra sociedad podría terminar viviendo una anarquía. Tampoco se está abordando algo tan importante como el costo del transporte de carga por camión, que es carísimo e influye en los precios, en la inflación, en la producción nacional y en nuestra competitividad internacional.

El desmantelamiento de los ferrocarriles que antes llevaban la mayor parte de la carga ha elevado los precios y constituye un serio obstáculo para nuestro desarrollo. Cuando la distancia es superior a los cuatrocientos kilómetros, el costo del transporte de cargas por camión se vuelve prohibitivo: el ferrocarril es cuatro o cinco veces más barato. A modo de ejemplo, un tren de cien vagones equivale a unos ochenta camiones y, por lo tanto, a un conductor por camión, mientras que el tren solo necesita tres o cuatro. Sin embargo, el tipo de transporte más barato es el fluvial: cuesta una quinta parte de lo que cuesta el ferrocarril, pero no hemos construido un metro lineal de canales para utilizar barcazas de carga, que exigen mucha menos energía, y explotar esta vía de transporte.

El precio del dólar blue actual no es correcto

El precio del dólar a día de hoy es muy alto y es necesario reducirlo. Esto puede hacerse mediante un sencillo procedimiento: un porcentaje de lo que pagan los exportadores a los productores debería cancelarse en dólares en efectivo, así, estos últimos podrían vender a quien quieran libremente o ahorrarlos a su voluntad. Los productores tendrían alguna ventaja, la oferta de dólares en el mercado libre —conocido como blue—aumentaría y entonces bajaría su precio. El Banco Central obtendría, de esta manera, un instrumento para ordenar y equilibrar el mercado.

El gobierno debería examinar cuánto ha disminuido la producción agrícola-ganadera por los gravámenes que se han descerrajado sobre ella y debería saber cuánto aumentaría la producción si bajara la presión fiscal. Si se estimulara mediante el precio y la rebaja del costo del transporte, entre otras cosas, la producción agrícola-ganadera y sus derivados industriales aumentarían. También lo haría la recaudación fiscal, que crecería en valores absolutos y se podría terminar con los impuestos a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores, impuestos que son verdaderas exacciones.

Hasta aquí hemos llegado hoy. En otra oportunidad trataremos nuevos temas sobre este incipiente plan económico. Hay mucho para hacer.

Por Juan José Guaresti (nieto)