Ningún país en el que no funcionen los tres Poderes del Gobierno o lo hagan mal, como ocurre en la República Argentina, tiene posibilidades de superar sus dificultades económicas: la división de poderes y su normal desenvolvimiento es condición esencial para conseguirlo. La Argentina, hasta el momento, ha detenido virtualmente al Poder Judicial, lo propio ha hecho con el Poder Legislativo —que se ha obligado a sí mismo a frustrar el debate franco y abierto de los problemas nacionales condenando a sus miembros a reuniones virtuales— y ha clausurado buena parte de organismos fundamentales del Poder Ejecutivo. En algunos de estos, se ha llegado al extremo de encontrar cerradas las puertas principales, como es el caso del Ministerio de Economía o de la Jefatura del Gabinete de Ministros. Podemos decir, sin temor a faltar a la verdad, que buena parte del gobierno, no gobierna. Estamos, en buena medida, acéfalos.

Sobre esta base, ¿alguien considera que puede establecerse una política económica seria que saque al país de la crisis? Es imposible. No se puede apagar un incendio sin bomberos. En la Argentina, deliberadamente no están operando las instituciones creadas para que los ciudadanos puedan recibir servicios de la Administración Pública. ¿Alguien puede creer que con las guardias existentes en los edificios antes mencionados, que le brindan al interesado mediante una dirección electrónica la posibilidad de saber dónde se halla su expediente, se van a resolver los problemas que lo originaron? La administración pública nacional ha sido detenida, por lo que no hay posibilidades de poner en práctica nada de lo que se diga que se va a hacer. Es inútil discutir medidas o planes económicos: el Estado ha sido virtualmente paralizado. ¿Es esto una consecuencia no querida de las medidas adoptadas para combatir el coronavirus? No lo creemos. Se impone la sospecha contraria desde que está virtualmente cerrado el Poder Judicial. La pandemia ha impedido su funcionamiento solamente en la Argentina, en los demás países siguen teniendo Justicia y Poder Legislativo, otro tangible instrumento que controla al Poder Ejecutivo. Por tanto, la supresión del Poder Judicial es intencional, para que el habitante no pueda defender sus derechos, así como lo es no presencia de los miembros del Poder Legislativo; en este caso, la virtualidad sirve.

Si la Justicia existiera de verdad, el ciudadano común podría utilizar los medios legales para obligar al Estado a resolver su caso o su problema. Hoy no hay Poder Judicial. Este instrumento creado, entre otras razones, para que la administración pública esté al servicio del ciudadano común, no existe en los hechos: la administración pública no actúa. Por el momento, solo cobra su sueldo. Cuando despidan por falta de tareas a realizar a quienes todavía trabajan, los empleados públicos padecerán lo mismo que ya experimentan millones de compatriotas: tendrán hambre porque no habrá con que cancelar sus haberes. Y quienes no tienen comida en su mesa porque ya no tienen trabajo, no se van a quedar quietos mirando cómo los empleados públicos, que no trabajan, sí tienen con qué comprar comida. No van a aceptar esa inhumana disparidad.

En este momento, la cuestión es que ni siquiera quien tiene medios para hacerlo puede recurrir a la administración pública. El problema económico argentino no son solo los evidentes desaciertos del Poder Ejecutivo y la falta de idoneidad de sus integrantes, sino también el hecho de que no se hallan en sus puestos los funcionarios que deberían estarlo. Los mecanismos constitucionales de contralor, es decir, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, no existen en la práctica. Los tres poderes del gobierno solo tienen una existencia virtual. En breve les pasará lo mismo a muchos de los que habitan este suelo:  terminarán mendigando un pedazo de pan a raíz de que el gobierno dictó hace ya seis meses un decreto que les prohíbe  trabajar, aun sabiendo que el derecho al trabajo es el derecho a la vida.

Juan José Guaresti (nieto)