A través de un decreto con fecha 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo estableció lo siguiente: “las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de Marzo de 2020 […], deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos”. Ese decreto suprimió inconstitucionalmente el derecho de las personas a trabajar y a desplazarse libremente so color de combatir el morbo llamado coronavirus. También se impidió a la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales cumplir con su deber, por lo que se clausuró el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. Ningún país civilizado del mundo decretó una cuarentena obligatoria por efectos del coronavirus y cerró el Poder Judicial al mismo tiempo; este acto despótico contra la República —despojada así de la Justicia— fue convalidado un día más tarde por la Corte Suprema. La Argentina no es más una República, porque para serlo deben poder actuar en sus respectivos ámbitos los tres poderes de gobierno.

El coronavirus es mucho menos letal que otras enfermedades y no justifica impedirle a la gente trabajar y hacer su vida normal

La infección aludida llegó a la Argentina en el mes de marzo y está conmoviendo a la humanidad mucho más de lo que debería. El remedio adoptado —la cuarentena obligatoria de la prohibición, con algunas excepciones— no es el adecuado para un país carente de reservas financieras, endeudado hasta la coronilla y dueño de índices de ocupación laboral mendaces debido a los centenares de miles de empleados públicos que poco y nada hacen para acrecentar la riqueza nacional. El resultado del aislamiento obligatorio, por lo tanto, es el vaticinado por los expertos: empobrecimiento de la población y debilitamiento físico y emocional para hacer frente no solo al coronavirus sino también a otras enfermedades. Millones de personas encerradas en sus casas que no pueden pasear, tomar aire puro, trabajar, socializar, que saben que cada día que pasa son más pobres porque no tienen ingresos, que no pueden cobrar lo que se les debe —empezando porque el Estado no paga sus deudas— y que, por lo tanto, no pueden pagar sus obligaciones, cada día se trastornan un poco más y pueden llegar a padecer consecuencias físicas y emocionales muy grandes, incluso morir. Numéricamente, son muchas más víctimas que las causadas por el coronavirus.

Debe cesar de inmediato la prohibición de trabajar

Las desigualdades sociales cada vez son más manifiestas. Hasta ahora, los funcionarios públicos cobran sus sueldos puntualmente, pero los privados, especialmente los empleados de las pymes o los cuentapropistas, tienen serias o insolubles dificultades para llevar dinero a su casa. Son millones de argentinos los que están padeciendo esta cuarentena disparatada que, de una u otra forma, puede acabar con la vida de muchos de ellos. A día de hoy, ser empleado público es un privilegio que garantiza la existencia porque se cobra el sueldo, en cambio, al empleado privado lo pueden suspender o puede quedarse sin trabajo y sin recursos debido al cierre de la empresa. Por otra parte, el empleado público ingresa muchas veces por “acomodo” y no por concurso, mientras que en materia privada es mucho más difícil conseguir empleo ya que no se obtiene si no se está capacitado para el puesto. En la situación actual, el empleado público come, mientras que el privado tiene muchas más dificultades para mantenerse y no morir de hambre. La única solución es que unos y otros vuelvan al trabajo.

Cómo crear empleos legítimos sin dinero

Esta cuestión está prevista en el artículo 75, inciso 18, de la Constitución Nacional desde 1853, sin perjuicio del inciso 19 añadido en la reforma de 1994. La Argentina llegó a tener la red ferroviaria más extensa de América del Sud y una de las más largas del mundo mediante concesiones que se hacían a quienes iban a construir las vías y los ferrocarriles de esta red, concesiones fundadas en los artículos mencionados de la Constitución y sin que el Estado tuviera que aportar dinero. Las empresas debían hacerse cargo de la construcción de los ferrocarriles y luego se beneficiaban con las tarifas a cobrar por el uso de estos durante el tiempo que durara la concesión. Tal fue el éxito de esta política, realizada para unir a la Nación y explotar sus riquezas —y producto de la honestidad y la altura de miras de sus gobernantes—, que en 1928,  durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, el producto bruto argentino era igual al de todos los otros países de América del Sud juntos.

¿A qué se debió esta bonanza? Muy sencillo: las tarifas ferroviarias estaban calculadas para estimular la producción de las zonas que atravesaban y el servicio tenía la eficiencia del ferrocarril inglés —la decadencia llegó a partir de 1948, año en el que fueron comprados—. El Estado Argentino, en esa época, tenía ferrocarriles con una extensión de 12.632 km —algo más de una cuarta parte de la red—, magníficamente dirigidos por los Ingenieros Pablo Nogués, Eduardo Huergo y Pablo Mendiondo. Hasta 1943 fueron tan eficientes como los ingleses y dieron abundantes ganancias, al punto de que en 1942 decidieron hacer participar al personal en las utilidades de la empresa. A partir de 1945, la calidad de las prestaciones de los ferrocarriles del Estado fue en descenso, y empeoró a partir de 1948 con los privados. Así fue que el transporte de las cargas fue quedando gradualmente en manos del camión, el medio de transporte más caro y contaminante de todos cuando supera los 300/400 km. Esto hizo que, en muchos casos, se anulara la producción y que, en consecuencia, los precios argentinos subieran inexorablemente, con la inevitable secuela de la inflación y el descenso del nivel posible de creación de bienes.

Muchos países, desde hace siglos, aprovechan su geografía y utilizan sus ríos como canal de transporte, ya que es incomparablemente más económico que cualquier otro. En Estados Unidos, por ejemplo, se utilizan los ríos Mississippi y Missouri, canales navegables y afluentes para transportar las cosechas de cereales del medio oeste; algo que no podría hacerse en camiones. En Europa, Rusia utiliza el río Volga, para lo cual ha construido canales que lo comunican con el Mar de Azov y el Mar Negro, sin perjuicio de que su destino natural es el Mar Caspio. También en el Volga se construyeron ocho represas para aprovechamiento hidroeléctrico. En Brasil, en el área de San Pablo, se construyó la hidrovía del río Tiete, que con sus 700 km de extensión posibilitó la conexión con el Paraná y su salida al mar para transportar cargas. En total,  Brasil cuenta con cuarenta y ocho represas en el Paraná y sus afluentes; la Argentina tiene media represa, Yaciretá. También tenemos media represa en el río Uruguay, Salto Grande, que durante varios meses tiene un caudal inferior a 400/500 m² por segundo, lo que reduce considerablemente la cantidad de electricidad producida. Una de las posibles soluciones sería obtener agua de la crecida del Paraná y que pasara por el río Aguapey para garantizar un mínimo de 1.200 m³ por segundo y así acrecentar la cantidad de electricidad sin gastar un centavo en la represa porque ya está hecha. En el Paraná podrían hacerse tres o cuatro represas: Corpus, al menos dos al sur de la confluencia con el río Paraguay, y otra al oeste de Yaciretá, pero no se hacen pese a que podrían producir electricidad, regar las sedientas tierras ubicadas en el centro del país, aumentar el tonelaje de los barcos de transporte y abaratar el costo de la carga. Tampoco se han realizado las obras necesarias para usar el Río Uruguay como vía navegable a mayor escala.

Análogamente, si se hicieran las obras para aprovechar el Río Bermejo, unos 250.000 km² de territorio casi desierto se transformará en una zona rica, generadora de muchos empleos, lo que bajaría el costo del transporte y, desde luego, la inflación. Lo dicho demuestra que, para vencer a la desocupación reinante —y que está en ascenso—, hay que proceder como los patriotas del siglo XIX y llevar a cabo todas las obras que deberían haberse hecho y que no se hicieron. Hay que seleccionar funcionarios de acrisolada rectitud que establezcan las condiciones de las concesiones a otorgar, supervisen las auditorías y hagan los controles de rigor. Argentina no tiene un cobre, pero debe ofrecer condiciones atractivas para convocar a ejecutivos y capitales sin generar tarifas exorbitantes. Los ejemplos brindados más arriba son meras sugerencias. Debe haber muchas otras tareas a realizarse o terminarse por el sistema de concesión. Para hacer estas obras debemos contar con la conformidad de los países hermanos limítrofes que tienen también problemas económicos serios. Si acordamos con ellos, todos podríamos salir de esta situación difícil. Como dijo el General Manuel Savio, “lo importante es no demorar más”.

Nota del autor
Los datos de las obras de los ríos argentinos y extranjeros, así como los costos de los transportes fueron tomados de las obras Geoestrategia para la integración nacional y Aprovechamiento múltiple del Río Bermejo, ambas de inexcusable lectura y escritas por el patriota Dr. Nicolás Boscovich, quien merece una estatua.     

Crédito fotográfico:        Wikipedia Represa de Yaciretá