Hoy en día son muchos los temas que deberían debatirse para poder salir adelante y conseguir que la Argentina alcance índices de crecimiento y desarrollo, pero hay uno que se posiciona por sobre los otros en las conversaciones cotidianas y que se ha convertido en una suerte de ‘morbo económico’: la inflación. Ahora bien, la inflación, como sabemos, no es un fenómeno aislado y está íntimamente relacionado con el deficiente funcionamiento de las instituciones y, por tanto, de la República como tal.

Distintos sectores de opinión proponen políticas económicas para solucionar la presente crisis sin advertir que el origen del problema argentino no es económico sino institucional. Uno de los factores que más estimula la inflación es el inmenso gasto del Estado, ahora bien, ¿por qué se produce este exceso de gasto estatal? Porque el Congreso de la Nación, la institución que debería controlarlo, no funciona adecuadamente. Desde el punto de vista institucional, buena parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo tiene su origen en el Poder Legislativo, ya que en lugar de oponerse a presupuestos de gastos públicos que representan escaso o ningún beneficio, los vota anualmente sin detenerse a analizarlos.

A día de hoy, los gastos del Estado argentino superan por mucho la media razonable, lo que provoca, entre tantas otras cosas, el actual exceso de impuestos que deben pagar los ciudadanos y que, en realidad, solo existen para solventar el mantenimiento del aparato estatal. Estos impuestos, además, no siempre se corresponden con una oferta de servicios públicos de calidad —en muchos casos resulta, además, escasa—. Una de las razones de este exceso de gasto es el altísimo número de empleados estatales. La pregunta aquí es si todos esos empleados cumplen con la ‘idoneidad’ que exige la Constitución para ocupar cargos públicos o si llegaron hasta allí solo por tener conexiones.

Por otra parte, también es necesario destacar la falta de debates relacionados con cuestiones económicas tan importantes como la relación con el FMI y la deuda que el país está contrayendo, o el funcionamiento de los LEBAC y los LELIC, títulos con tasas de interés altísimas que solo sirven para disimular la inflación. La economía de un país no puede desarrollarse con las tasas de interés que maneja hoy la Argentina, es fundamental que se tomen medidas para que esas tasas bajen.

Las consecuencias de todo esto están a la vista. Un país no puede funcionar correctamente, aspirar al crecimiento y mantener a raya la inflación con un número tan elevado de empleados estatales ni con tasas de interés tan altas. Considero, por lo tanto, que estamos encarando mal el problema: pensamos que combatir la pobreza, la inflación y alcanzar un verdadero desarrollo del país es solo una cuestión económica, cuando en realidad lo esencial es la falta de cumplimiento de normas constitucionales e institucionales. Se debate qué corriente económica es más conveniente —liberal, marxista, estatista—, cuando el problema de fondo es que tenemos un Estado al que no podemos mantener. Debemos, por lo tanto, ocuparnos de los problemas institucionales. Solo a partir de esto podrán tomarse las medidas necesarias para impulsar el crecimiento del país.