El día 20 de marzo de 2020 se puso en marcha, inicialmente hasta el 31 de marzo, la disposición que prohibía trabajar a los habitantes que no realizaran tareas esenciales. Ese plazo se prolongó hasta el 10 de marzo de 2021, es decir, un año, aunque durante ese tiempo existieron flexibilizaciones. También se clausuró virtualmente el Poder Judicial de la Nación y aún no se sabe cuándo retomará normalmente sus actividades. En las provincias ocurrió más o menos lo mismo: muchos organismos insustituibles dependientes del Poder Ejecutivo tampoco han estado trabajando. Así y todo, los empleados cobran todos los meses su sueldo, que se paga con la emisión monetaria —lo que alimenta la inflación y la miseria que padecemos—, contrayendo nuevas deudas o la falta de pago de las existentes, ya que los impuestos confiscatorios establecidos no alcanzan.

En lo que concierne al Poder Judicial, la Argentina es el único país civilizado en el que este no funciona desde hace casi un año; de allí nuestro descrédito internacional. Muchas empresas argentinas y extranjeras de prestigio venden sus activos en el país y se mudan a otras naciones, vuelven a sus países de origen o directamente cierran. Es lamentable que no haya ninguna protesta de las entidades que agrupan a los abogados exigiendo el restablecimiento del Poder Judicial de la Nación con todas sus atribuciones y facultades, pareciera que estuvieran de acuerdo en no tener tribunales. En el ámbito económico tampoco hay condena alguna pese a que el Estado de Derecho es condición fundamental para una política económica exitosa: se habla del dólar, de la política monetaria, de las deudas, pero se omite tratar el insoslayable hecho de que un país no es viable sin confianza y credibilidad. Sin Justicia, el éxito económico es imposible. Si ella no existe, seremos cada día más pobres.  

Una mentira impresionante: la situación fiscal del país

Con el propósito de engañar a periodistas, lectores y a los propios economistas, se ha instalado una mentira: la división del déficit fiscal en primario y secundario hecha por el Gobierno. El primero solo contiene los gastos y sueldos corrientes; el segundo, los intereses de las deudas fiscales. El Estado solo da a conocer el primero; el segundo lo oculta. El Gobierno se ha ufanado de tener en enero un superávit fiscal de 24.074 millones de pesos, según lo publicado en el diario La Nación el 23 de febrero de 2021. Este criterio es inaceptable porque el presupuesto nacional debe ser una totalidad, no pueden dividirse las cifras del gasto público en dos rubros. Esta división solo engaña al pueblo para hacerle creer que los gastos públicos no son tan abrumadores como en realidad son. Los intereses de las deudas fiscales, que corresponden al segundo grupo, son los intereses que paga el Estado y que suprime al difundir los números porque estos aterrorizarían al más entero de los guapos. En estos días, la Argentina ha llegado a la cifra récord de emisión de tres billones de Leliq y pases pasivos que son, respectivamente, un bono emitido por el Banco Central y deudas de cortísimo plazo. Ambos devengan intereses que hoy han llegado a originar el pago de unos 75.000 millones por mes (La Nación, 3 de marzo de 2021). Si se procediera con honradez y seriedad, a la cifra de superávit fiscal de 24.074 millones de pesos habría que restarle por lo menos unos 75.000 millones en intereses devengados por Leliq y pases pasivos. Así —usando solamente las cifras de los intereses que paga el Banco Central y suprimiendo los de otro origen (Tesorería General de la Nación)— el “superávit” se transforma en un déficit de unos 50.000 millones de pesos; una cifra impagable.  

Las personas honradas no pueden omitir, en una contabilidad llevada con lealtad, la catastrófica suma de intereses devengados. La división de los gastos del Estado en primarios y secundarios suprime de la información pública los intereses devengados y es, por lo tanto, un engaño inadmisible. En este caso, no consignamos todos los intereses, sino solo lo que cuestan los Leliq y los pases pasivos que paga —o debería pagar— el Banco Central; se han omitido los intereses que paga —o debería pagar— la Tesorería General de la Nación o los que devengan las cuentas que deberían abonarse a los particulares, que también resultan burlados.

El futuro de la hidrovía por la que circula el 80 % del comercio exterior del país

El dragado y balizamiento de los ríos Paraguay y Paraná produjo un cambio espectacular en la economía argentina porque permitió la llegada a Rosario —y un poco más al norte— de barcos de mayor calado y esto abarató notablemente los costos de transporte. Años atrás, cuando se cargaban las cosechas en Rosario, los barcos no podían completar su capacidad y tenían que ir hasta el Puerto Ingeniero White, en Bahía Blanca, para cargar el resto —el puerto de la Ciudad de Buenos Aires tiene, a la sazón, unos treinta pies de calado y no puede recibir barcos grandes—.

La concesión del dragado y el balizamiento de esa arteria vital para la economía argentina está en manos de la empresa original, pero su plazo contractual vence el 30 de abril de 2021 y aún no se sabe quién se va a hacer cargo de esta obra fundamental para nuestro comercio exterior. A menos de dos meses de la finalización del contrato, ya debería saberse quién se hará cargo, pero no es así. Aparentemente, se realizará una licitación cuyos pliegos estarán listos a finales de abril, un proceso que durará no menos de ciento ochenta días hábiles según lo anunciado en el primer encuentro del Consejo Federal Hidrovía (CFH) por el presidente de la Unidad Ejecutora Hidrovía, Pablo Barbieri. A día de hoy, lo único que se sabe es que en dos meses habrá otras figuras al frente de una obra de enorme importancia para el desenvolvimiento de la economía argentina —que ya deberían estar preparándose para asumir las notables obligaciones que les aguardan—.

A modo de conclusión, cabe destacar la importancia de que vuelva a funcionar el Poder Judicial como en el resto de países civilizados para garantizar la seguridad de los habitantes y la credibilidad de nuestra Nación, la única forma de que la economía tenga posibilidades de crecer y las empresas no se vayan del país a causa de la inestabilidad. Nuestro Gobierno debería, además, informar adecuadamente a la población y no ocultarle la sombría verdad de que los impuestos confiscatorios que pagamos tienen origen en la excesiva cantidad de empleados públicos existentes y la escasa idoneidad de muchos de ellos. Por otra parte, debería prestarse especial atención al futuro de la hidrovía, ya que es una ruta decisiva para el desarrollo y crecimiento de nuestro comercio internacional.

Por Juan José Guaresti (nieto)
Crédito fotográfico: Robles Pepe (Wikipedia)