Los abogados en ejercicio tenemos la obligación legal y moral de exigir a los actuales gobernantes —sean estos el titular del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo de cualquier partido o miembros de la Corte Suprema— dejar sin efecto las disposiciones dictadas, que impiden a los integrantes del Poder Judicial asumir las responsabilidades propias de sus cargos. Que el decretazo 297/2020 del 19 de marzo de 2020 haya cerrado el Poder Judicial —con excepción de los “servicios de justicia de turno”— y que la Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo lo hayan aprobado no cambia el incontrastable hecho de que estas decisiones han violado la Constitución Nacional, piedra angular de las libertades argentinas. No hay nación de cierta valía en el mundo que haya privado a sus habitantes del servicio de Justicia, y es por eso que los abogados debemos hacer que esta se restablezca en nuestra Patria.

La importancia del Poder Judicial   

A partir de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, y la publicación de su obra El espíritu de las leyes (1748) no se discute que la organización institucional de los países amparados bajo el signo de la libertad debe estar basada en la división de poderes del gobierno en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Respecto del Poder Judicial, Montesquieu afirmó que “no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”, y luego agregó que “de los tres poderes de los que hemos hecho mención, el de juzgar es casi nulo”.

Este error fue corregido por los norteamericanos cuando sancionaron la Constitución de su patria en 1778 y le dieron el carácter de Carta Magna, es decir, tenía absoluta supremacía institucional y afirmaba, además, que los tres poderes del gobierno se controlarían entre sí. Considerar al Poder Judicial como un poder tan importante como los otros dos fue la obra imperecedera de un gran republicano, John Marshall, quien fuera presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Marshall estableció en el caso “Marbury vs Madison” (1803), con unanimidad por parte de los restantes jueces, no solo la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma, sino también que el Poder Judicial era el intérprete final de su texto. Así, cualquier disposición emanada de los otros poderes que entrara en conflicto con la Constitución podía ser considerada nula e inválida. Para los Estados Unidos y muchas otras naciones —España por ejemplo—, el Poder Judicial integrado con el juicio por jurados es la razón de ser de la imparcialidad de las decisiones judiciales y de su gravitación en el gobierno de la Nación.

Los patriotas argentinos de 1853 y 1860 adoptaron sustancialmente la Constitución norteamericana y la perfeccionaron incorporando el artículo 29, que establecía como traición a la patria que el Congreso de la Nación concediera al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público y que a raíz de esto la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quedara a merced de gobiernos o persona alguna. La idea del respeto al Poder Judicial fue robustecida con el artículo 109 de nuestra Carta Magna: “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Estas dos normas no figuran en el texto estadounidense. En los Estados Unidos se puede conceder el indulto a alguien acusado de un delito ante los tribunales, pero no así entre nosotros: aquí es preciso que el indultado sea previamente condenado porque no puede ser cerrada una causa por el perdón del Poder Ejecutivo sin que haya finalizado el proceso judicial. La sociedad debe saber si el indultado era culpable o inocente.

Además de lo expuesto, es necesario decir que el desarrollo económico de un país está directamente relacionado con la seguridad jurídica: esto implica que la gente sepa que puede pedir justicia en caso de necesitarlo, que la va a tener y que recibirá lo suyo si lo merece. El hecho de que nuestro Congreso no haya establecido el juicio por jurados pese a lo dispuesto en el texto constitucional quita a las decisiones judiciales y al Poder Legislativo parte de su prestigio. La seguridad jurídica y el hecho de que las normas se cumplan y no cambien de la noche a la mañana es el valor más importante para la ciencia económica. Una inversión requiere que la situación legal se mantenga y no que esté sujeta al capricho o a los intereses circunstanciales de un gobernante.

La libertad argentina ha sufrido un terrible revés

Durante el 2020, a 167 años de la jura de la Constitución Argentina, el Poder Ejecutivo arrasó con la división de poderes. La importancia decisiva que el Poder Judicial tiene como gobernante y garante de la libertad de los habitantes de este suelo terminó el 20 de marzo de 2020, cuando el actual titular del Poder Ejecutivo decidió clausurarlo. Y ese acto despótico —de inocultable raíz fascista— fue convalidado por la Corte Suprema y por el Congreso Nacional. No hay país civilizado que haya utilizado como excusa el coronavirus para clausurar su Poder Judicial, hecho que nos coloca en un pésimo lugar en la historia contemporánea y que garantiza el hambre para nuestro pueblo porque nadie va a invertir un céntimo de su capital en un país en el que no hay Justicia.  

Los abogados debemos recuperar al Poder Judicial

Lamentablemente, las organizaciones que nos nuclean no han hecho nada para recuperar el funcionamiento del Poder Judicial, que es nuestra fuente de trabajo y un servicio público imprescindible para la comunidad. Quien suscribe estas palabras hizo tres presentaciones a la Corte Suprema —los días 5 y 19 junio de 2020 y una posterior cuando las Naciones Unidas aconsejaron restablecer la vigencia de este Poder— para que revocara su aprobación de la ruptura del orden jurídico argentino; la Corte Suprema guardó silencio. Sin embargo, aquellas presentaciones recibieron miles de visitas luego de ser publicadas.

La destrucción del sistema institucional argentino bajo el camuflaje de la cuarentena debe terminar. La importante comunidad abogadil argentina debe movilizarse mediante notas, actos, conferencias, artículos, participaciones en medios de comunicación, denuncias en las instituciones correspondientes, ya sean nacionales o extranjeras, y aprovechar la difusión en redes sociales y toda oportunidad que hubiere para que se devuelva al pueblo la Justicia y esta sea impartida por jurados que garanticen su imparcialidad. El intento de suprimir el Poder Judicial para así obtener la impunidad de ladrones públicos y privados debe despertar a un gigante dormido y empujarlo a que actúe para reconstituir la República.

Juan José Guaresti (nieto)
Crédito fotográfico: Carlos Zito  -Wikipedia-