Hoy en día la Argentina padece un importantísimo retraso en términos económicos. Esta caída comenzó con el golpe fascista ocurrido el 4 de junio de 1943 y que nos ha enviado, en setenta y seis años, del séptimo puesto a estar por debajo del septuagésimo.

Una de las razones que impide nuestro crecimiento es la existencia de un impuesto salvaje a la producción que, para engañar a la gente, recibió el nombre de Retención. Este impuesto es salvaje en el cabal significado de la palabra: “Dícese de los pueblos que no se han incorporado al desarrollo general de la civilización y mantienen formas primitivas de vida”. ‘Retención’ no tiene, por lo tanto, vinculación alguna con el derecho tributario: el acto de retener no describe el hecho real—que es un impuesto sobre la producción de determinados bienes—sino la acción del gobierno de quedarse con una parte de los ingresos de alguien.

Este término se utiliza entonces para ocultarle las verdaderas intenciones al ciudadano corriente, que desconoce el hecho de que los alcanzados por la retención deben pagar un impuesto simplemente por producir algo, no se tiene en cuenta si los bienes producidos traen consigo ganancias o pérdidas. Imaginemos que un productor agropecuario tiene una mala cosecha: es muy posible que lo cosechado no cubra sus gastos, pero aun así, el gobierno le retendrá una parte. De esta forma, además de menguar su patrimonio debido al fracaso del negocio, debe pagar al fisco por algo de lo que no ha obtenido ganancias. El tributo, por tanto, debe llamarse Impuesto a la Producción, ya que el productor está obligado a pagar tenga o no beneficios económicos.

Si tomamos el caso de la soja, —de los demás no podemos hablar por razones de espacio—, la exportación se ha gravado con el 30% de su valor, un porcentaje que retrocede en la cadena de la comercialización y que, finalmente, paga el productor. Este no puede vender la soja a un precio superior al valor neto que recibe el exportador del mercado internacional; el monto que recibe, por lo tanto, es lo que queda luego del 30% que retiene el fisco y de los gastos de flete y comercialización que también corren por su cuenta. 

Debido a la ley de la oferta y la demanda existente y que todavía no ha podido ser derogada a pesar de numerosos intentos desde aquel 4 de junio de 1943, hoy en día, si el precio que recibe el productor por su cosecha no le resulta satisfactorio, en adelante elige sembrar menos o directamente no sembrar. En consecuencia, disminuyen la producción y la exportación, se reciben menos dólares, las deudas no se pagan, disminuyen las fuentes de trabajo…

Por otra parte, las provincias reducen su recaudación y tienen que pedirle al gobierno nacional que las ayude, lo que conlleva nuevos endeudamientos y emisiones de moneda más o menos disimuladas. De esta forma, el federalismo —invento norteamericano creado para garantizar las libertades de  su pueblo y adoptado por ilustres gobernantes argentinos con el mismo fin— concluye en la mano mendicante de un gobernador a quien no le cierran las cuentas.

Ahora bien, en ninguna nación civilizada se abona un impuesto de esta naturaleza. Es por ese motivo que debemos dejar de llamar Retención a este gravamen a la producción, no se les debe seguir el juego a los discípulos del fascismo y el trotskismo, expertos en modificar el significado de las palabras para que se entienda algo distinto a lo que verdaderamente son, a su esencia.

Como he mencionado en otras ocasiones y aquí reafirmo, la única solución para terminar con la pobreza y con la inflación es producir más y, desde luego, exportar más y no desperdiciar el dinero en crear puestos de trabajo en el ámbito público que empleen gente que luego no cumple con sus tareas. Si realmente queremos pagar las deudas y no volver a amenazar a los acreedores dentro de unos años con otro default, hay que alentar e incentivar a quienes producen, no aplicarles un tributo salvaje camuflado bajo un nombre que, científicamente, no le corresponde y que va a terminar con la República.