Impunidad del Ministerio de Economía y de la Caja de Valores S.A

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Años atrás, el Ministerio de Economía y la Caja de Valores S.A., de la cual son propietarias -y por ende la conducen con las responsabilidades inherentes- las dos más grandes entidades bursátiles argentinas, decidieron reducir el monto a pagar dispuesto por sentencias judiciales firmes dictadas a favor de acreedores del Estado en causas consolidadas por la ley 23.982. Resolvieron, a partir del cuarto trimestre de 1997, que estaban por encima del Poder Judicial de la Nación y podían modificar las sentencias judiciales intachables que se habían emitido. Con ese propósito redujeron el monto de bonos que debían pagarles por orden judicial a los particulares involucrados. Así lo hicieron hasta por lo menos el 10 de Diciembre de 2015. No se sabe quién se ha quedado con la diferencia que media entre los bonos que se debían entregar y los efectivamente entregados, pero está claro que durante 18 años, por lo menos, el Ministerio de Economía y la Caja de Valores S.A. modificaron lo resuelto por el Poder Judicial de la Nación. Su impunidad -y la de quiénes las conducen- no va a durar porque no se puede actuar contra la República.

CÓMO SE REALIZABA ESTE ATROPELLO

El Ministerio de Economía recibía de los organismos estatales deudores de los juicios una lista con la cantidad de bonos que debía entregárseles a los acreedores y la nómina de personas físicas involucradas, y recalculaba las sumas a pagar en los términos de la Resolución N! 71/99, de manera que las cantidades que debían abonarse correspondieran tanto en número de bonos cuanto en los cupones remanentes, con lo que se hubiera establecido en las sentencias respectivas. Esas cantidades con los cupones correspondientes se vertían en planillas que eran entregadas a la Caja de Valores S.A. Hasta allí se obraba, tanto como nosotros sabemos, en el marco de perfecta legalidad. Desde ese momento las sumas aludidas en muchos casos eran sometidas a un ilegal trámite que consistía en multiplicar esas cifras por el “valor residual” de los bonos que es, sencillamente el porcentaje que le queda al bono del total originario debido al corte de sus cupones según pasa el tiempo. Ese “valor residual” que normalmente se expresa en un porcentaje, como su nombre lo indica es lo que le queda al bono debido al transcurso del tiempo, del 100 x 100 originario. Se pagaba el resultado de esa multiplicación que, desde luego, era inferior a la suma debida. Esos cálculos que no obedecen a norma alguna sino a la sombría determinación de pagar de menos a los acreedores, los hacia una “mano” en la Caja de Valores S.A. que dejaba su huella porque escribía de puño y letra en las planillas la “nueva” cantidad a pagar, ilícitamente reducida, que era la que se pagó. Esa cantidad era, como hemos dicho, inferior a la debida en cuanto el “valor residual” era menor que el originario. Lo verdaderamente asombroso es que copias de esas planillas así manipuladas fueron entregadas a los Juzgados por quiénes se presentaban a los juicios por la Caja de Valores S.A. brindándole a la parte reclamante la irreductible prueba de cómo había sido estafada y en cuánto. Esas planillas ahora son instrumentos públicos de valor probatorio total. La multiplicación aludida también se prueba con documentos acompañados por el Ministerio de Economía con idéntico desparpajo. Es realmente curioso que los autores de la estafa hayan suministrado las pruebas de sus delitos a sus víctimas como si los hechos por ellos protagonizados fueran de perfecta legalidad.

BREVE HISTORIA JUDICIAL DEL DESCUBRIMIENTO DE LA ESTAFA

Comenzó en los autos: “Carril, Juan Manuel y otros c/Producciones Argentinas de Televisión S.A. s/cobro de pesos” que tramitara por ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 21 en donde la sentencia del 19 de Febrero de 2010 demostró que se había entregado menos bonos que los adeudados sin que hubiera “ningún desarrollo científico o técnico (que) lo avale”de una deuda que había nacido antes de 1985. A partir de ese momento el Ministerio de Economía desató toda clase de audiencias con contadores del Estado para demostrar lo imposible. Finalmente envió el expediente a la Corte Suprema que lo retuvo hasta el 25 de Marzo de 2015. NI ASÍ PAGARON LA DEUDA: HUBO QUE EJECUTARLA CONTRA EL ESTADO NACIONAL, PREVIO EMBARGO. En otros autos: “Nicora, Héctor Raúl y otros c/Producciones Argentinas de Televisión S.A. s/cobro de pesos”, que tramitó por ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 11 se descubrió idéntica tramoya. El Ministerio de Economía se presentó tardíamente a los autos e intentó dar vuelta la situación. Hasta llevó el expediente a la Corte Suprema con lo cual obtuvo una considerable demora…pero también se lo rechazaron. Citamos, sencillamente por abundar, otro caso:” Barulich, Carlos y otros c/ Argentina Televisora Color- Estado Nacional y otro s/otros reclamos “ que tramitó ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 28 con idéntico trámite y resultado. Lo divertido de este expediente es la cantidad de “trabajos” de la “manito” que se pueden contar realizados para adulterar el resultado.

DENUNCIAS PERIODÍSTICAS EFECTUADAS QUE TÁCITAMENTE FUERON ACEPTADAS

Sin perjuicio de la labor tribunalicia, se realizaron numerosas denuncias periodísticas, muchas de las cuáles se las incorporó a la presentación que hizo ante la Comisión Nacional de Valores S.A. el 5 de octubre de 2016 en la cual se exhibieron los delitos del Ministerio de Economía y de la Caja de Valores S.A. En esa nota se recordaron trabajos QUE SE HICIERON SOBRE EL TEMA INDICANDO EL TITULO, LA FECHA Y EL ÓRGANO PERIODÍSTICO EN QUE SE VIRTIERON:
a) 28/3/2011 Periódico Económico Tributario “Errores en los pagos efectuados por la Caja de Valores S.A.”
b)5/7/2011 El Dial.com: Los acreedores del Estado (proveedores, trabajadores, profesionales) han cobrado menos bonos de consolidación de la deuda pública que los que les correspondía pese a tener sentencias judiciales a su favor”.
c) 29/8/2011 Periódico Económico Tributario: “El Fondo de la Pipa”.
d)19/10/2011, Informador Público: ”Sospechoso incumplimiento en los pagos que efectúa la Caja de Valores S.A. en nombre del Estado”.
e)11/12/2013, Informador Público:“El Ministerio de Economía defrauda a los acreedores del Estado”.
f) 1/4/2014 Informador Público:“El cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema miente para ocultar una estafa colosal.”
g) 2/5/2015 Informador Público:“Denuncia contra el Ministerio de Economía presentada a la Auditoría General de la Nación por quedarse con bonos de los acreedores del Estado”.
h) 9/10/2017, Informador Público: “ La Comisión Nacional de Valores está encubriendo una defraudación gigantesca”. (Este último que fue agregado posteriormente, va a interesar mucho al lector). Los hechos relatados en estos artículos que vieron la luz pública no fueron refutados directa ni indirectamente por persona alguna de manera que además de ser absolutamente veraces, su autenticidad no puede ser ahora ni nunca contestada desde que no lo fue en su momento. La Comisión Nacional de Valores debe ser intervenida y destituidos quienes la dirigen porque en lugar de investigar los delitos denunciados el 5 de octubre de 2016 y cuya comisión es indiscutible , no solo ha rehusado implícitamente hacerlo sino que los esta encubriendo sobre la base de no obtener las pruebas ofrecidas que demuestran los ilícitos cometidos:

Este organismo considera “secretas” sus actuaciones pero se ha descubierto que no ha conseguido ninguna de las pruebas que no son secretas porque se trata de las constancias de expedientes judiciales, fácilmente obtenibles. Así como el Ministerio de Economía y la Caja de Valores S.A. cometieron los ilícitos concretamente denunciados, la Comisión Nacional de Valores no ha diligenciado NINGUNA de las pruebas consistentes en expedientes judiciales irrefutables. No ha obtenido esas pruebas porque incriminaban a las instituciones denunciadas. La violación de sus deberes es gravísima y tendrá que hacerse cargo de aquella.

En suma, a los actos de corrupción que empezaron a cometerse 20 años atrás bajo el manto de distintos gobiernos, pero llevados a cabo con la participación de entidades privadas que son las mismas de siempre, se debe sumarle el encubrimiento actual de esos actos ilícitos realizados por la Comisión Nacional de Valores. Los hechos perpetrados por unos y otros no van a quedar impunes.

Juan José Guaresti (nieto)

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